El plazo por vencer y el pasivo
laboral de Pemex.
El plazo establecido se vence
esta semana y jurídicamente es improrrogable.
El artículo tercero transitorio
de la reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley
General de Deuda Púbica, relacionada con la materia energética, publicada el 11
de agosto del 2014, establece: “El gobierno federal podrá asumir una proporción
de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así
como de las que correspondan a los trabajadores en activo… siempre que dentro
de un año de la entrada en vigor de ese decreto, Pemex alcance un acuerdo para
modificar el contrato colectivo de trabajo…”
Carlos F. Matute González
Profesor de Posgrado de la
Universidad Anáhuac Norte y del INAP.
El plazo establecido se vence
esta semana y jurídicamente es improrrogable. La condición para que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con cargo al presupuesto que
financiamos con los impuestos, asuma parte del pasivo laboral de Pemex es que
haya un compromiso por parte de esta empresa productiva del Estado y el
sindicato para modificar sustancialmente el régimen de jubilaciones y
pensiones.
En principio, todo hace suponer
que habrá un acuerdo con base en tres lineamientos legales: respeto a los derechos
adquiridos de los jubilados, aumento de los requisitos de jubilación a los
trabajadores en activo y régimen de cuentas individuales con portabilidad para
los trabajadores que ingresen después de esta fecha.
Las cifras son escalofriantes. El
pasivo laboral representa casi un billón y medio de pesos. La propuesta
es que la SHCP asuma el 42% del mismo, lo que significa que en los próximos 20
años, por lo menos, haya o no ingresos por concepto de petróleo en las arcas
públicas, los contribuyentes deberán pagar puntualmente parte de las pensiones
a los trabajadores que ayudaron a extraer la riqueza del subsuelo en la segunda
mitad del siglo XX, cuyas conquistas sindicales han sido suficientes para
garantizarles una buena jubilación.
En circunstancia distinta se
encuentran los jóvenes que se incorporarán laboralmente a la industria
petrolera. El mercado será el rector de la suerte de las nuevas generaciones y
dependerán de su capacidad de ahorro, así como de su tenacidad para mantenerlo
por un periodo largo, que es el único camino viable para gozar de una pensión
digna. Por otra parte, los trabajadores en activo, aquellos que ingresaron a
Pemex y sus filiales hace 25 años o menos, deberán cubrir mayores requisitos
para obtener una jubilación, pero su pago se respaldará parcialmente con deuda
pública.
El esquema planteado en la
reforma crea dos tipos de trabajadores: a) Los jubilados y activos que gozarán
de las bondades de un sistema de beneficios definidos desvinculado del monto de
la aportación, por lo tanto, deficitarios, lo que explica que para continuar
deban ser financiados con recursos presupuestales, y b) Los futuros que deberán
someterse al sistema de contribución definida, es decir, de cuentas
individuales con portabilidad, cuyo promedio del monto pensionarios es menor al
otro, ya que no reciben transferencias directas.
Las negociaciones serán intensas
y aunque ninguna dirigencia sindical quisiera reconocer una realidad financiera
insostenible para sus intereses, ni aceptar ceder terreno en materia de
jubilaciones, es esperable que haya acuerdo, ya que la condición para que el
gobierno asuma parte del pasivo laboral afecta primordialmente al segundo tipo
de trabajadores, que no está representado por el sindicato.
El plazo se vence, pero sólo es
una fecha para iniciar el proceso de recomposición de este pasivo laboral, que
seguramente durará muchos años. Es indispensable dar este paso, si se pretende
que las empresas productivas del estado sean capaces de competir en un mercado
energético que por disposición constitucional ya no es monopólico. La
competencia será el principal acicate para que empresa y trabajadores lleguen
un acuerdo que les permita aumentar la productividad. La encrucijada es
compleja.
Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/
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