Confirman negociación para la compra de Oceanografía por parte de Grupo Alemán.
La adquisición tendría que ser aprobada por los acreedores de la empresa como parte del concurso mercantil.
CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo Alemán (Galem) confirmó que ha llegado a un acuerdo con los accionistas de Oceanografía para adquirir el control de esta empresa, la cual actualmente se encuentra en concurso mercantil, ante la enajenación de bienes a la que fue sometida por las autoridades luego de ser acusada por fraude a Banamex.
La empresa, en la que Amado Yáñez era el accionista mayoritario, cuenta con la infraestructura para brindar servicios de transporte marítimo de equipo, personal y suministro de alimentos, entre otras actividades en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la Sonda de Campeche.
Cabe mencionar que Galem, que es propiedad de Miguel Alemán Velasco, quien funge como presidente del consejo de administración, así como del interés de su familia, y que tiene como uno de sus principales giros de negocio a las aerolíneas.
Sin embargo, es conocido el interés de la familia Alemán por incursionar en otras ramas del sector de transporte, pues en 2010 compraron un paquete de acciones de Grupo Transportación Marítima Mexicana (TMM), dedicada al transporte marítimo petrolero y de carga en la que aparece como “consejero propietario” de la firma.
Pleno interés
En entrevista, Gabriela Jiménez, directora de relaciones institucionales de Grupo Alemán, confirmó las negociaciones que ya está llevando a cabo la empresa con los inversionistas de Oceanografía para rescatar y quedarse con la empresa.
La directiva mencionó que esta transacción aún se encuentra sujeta a la aprobación de las autoridades, así como de los acreedores.
Oceanografía cuenta con 40 contratos vigentes con la paraestatal, entre los que también destaca la renta de embarcaciones para realizar trabajos de investigación y exploración petrolera.
“Efectivamente en principio hemos llegado a un acuerdo con los accionistas para adquirir el control de Oceanografía, lo cual está sujeto a una serie de condiciones previas, en las cuales se incluyen acuerdos con los acreedores y las partes interesadas”.
Jiménez se negó a dar mayores detalles sobre la transacción, por lo que el monto de inversión y las condiciones del acuerdo, se darán a conocer el lunes en un comunicado oficial que emitirá la empresa.
Aseguró que la compra de Oceanografía “va en la línea del Grupo para crear fuentes de empleo, e inversiones en México”, lo cual coincide con el impulso que tendrá el sector petrolero en México con la reciente aprobación de la reforma energética, y los servicios que aún deben proporcionar a Pemex.
El fraude a Banamex
En febrero pasado la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Oceanografía por un año, nueve meses y diez días por diversas irregularidades. Sin embargo, en eses mismo mes la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró los bienes de la empresa por las acusaciones de fraude cometido en contra de la institución bancaria Banamex.
En la filial de Citigroup se descubrió un fraude que involucra al menos 400 millones de dólares en financiamiento de corto plazo otorgado a la mencionada compañía.
Como parte de las investigaciones realizadas por Banamex, en conjunto con Pemex se encontró que Oceanografía solicitaba créditos al banco, con el argumentos de supuestas cuentas sin cobrar y que debían ser liquidadas por la petrolera, las cuales eran inexistentes.
Es así que esta situación fue dada a conocer a la PGR y a las autoridades correspondientes, por lo que se inició una averiguación previa y el Ministerio Público de la Federación determinó el aseguramiento de los bienes de esta empresa y designados a la responsabilidad del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda, lo cual se mantiene hasta el momento.
El juez Tercero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, Felipe Consuelo, declaró a Oceanografía en concurso mercantil, para evitar que quebrara por la situación que atraviesa.
La declaratoria del mencionado proceso judicial, otorga al menos un plazo de un año para que la firma pueda reestructurarse y hacer frente a sus obligaciones con acreedores, clientes y sus trabajadores.
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